La práctica nos ha enseñado durante estos últimos  años de ejercicio profesional, los siguientes signos de alarma que denotan que algo anda mal dentro de la empresa y que el empresario afronta una iliquidez no reconocida en público, que le conducirá a una situación grave de insolvencia, controlable si se interviene a tiempo.

1. NO PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES: El empresario en aras de conseguir nuevas fuentes de liquidez para obtener capital de trabajo, mira hacia el interior de su nomina y decide contratar al personal operativo de su empresa por prestación de servicios, pero no toma las medidas necesarias del caso para blindarse, y darle a este servicio la forma de un verdadero outsourcing de procesos, en el cual el prestador del servicio tenga plena libertad y autonomía en la forma de ejecutar su labor. Por el contrario,  a través de esa vinculación de servicios continua su antiguo esquema operativo y terminan estas personas contratas por prestación de servicios, subordinadas al contratante, cumpliendo horarios de trabajo y ejecutándose aspectos típicos de una relación laboral.

La consecuencia jurídica de esta práctica radica en el hecho que la misma es una bomba de tiempo y puede dar lugar a una desbandada de demandas laborales que en tratándose de establecimientos de comercio pertenecientes a una persona natural o sociedades de responsabilidad limitada, Comanditas simples o empresas unipersonales, ponen en peligro el patrimonio personal de sus socios, al ser solidariamente responsables en virtud del artículo 36 del CST.

Sentencia C-720/07

El juicio de proporcionalidad parte de la base de que el Estado sólo puede restringir los derechos fundamentales – como el derecho a la libertad personal - cuando tiene razones constitucionales suficientes y públicas para justificar su decisión. En efecto, en un Estado constitucional de Derecho, el poder público no es el titular de los derechos. Por el contrario, el Estado constitucional existe, esencialmente, para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los cuales son titulares, en igualdad de condiciones, todas las personas. En este sentido, ningún órgano o funcionario público puede restringir los derechos fundamentales sino cuando se trata de una medida estrictamente necesaria y útil para alcanzar una finalidad constitucionalmente valiosa y cuando el beneficio en términos constitucionales es superior al costo que la restricción apareja. Cualquier restricción que no supere este juicio carecerá de fundamento constitucional y, por lo tanto, debe ser expulsada del mundo del derecho. Según el principio de proporcionalidad, una restricción de los derechos fundamentales podrá considerarse constitucionalmente aceptable siempre y cuando no vulnere una garantía constitucional específica (como por ejemplo la prohibición de la pena de muerte o el derecho a una defensa técnica en materia penal) y supere el test o juicio de proporcionalidad. Este juicio quedará superado cuando: 1) tal restricción persiga un fin constitucionalmente legítimo; 2) constituya un medio idóneo para alcanzarlo; 3) sea necesaria, al no existir otro medio menos lesivo y que presente una eficacia similar para alcanzar el fin propuesto; 4) exista proporcionalidad entre los costos y los beneficios constitucionales que se obtienen con la medida enjuiciada.